Se adoptaría una medida única por parte de la Justicia de Paz local junto a la Comisaría breñense para que el consumo de alcohol sea cero.
Autoridades judiciales encabezadas por la Jueza de Paz local Dra. Gabriela Ponce y policiales como la Comisario Inspector Mirta Clemantovich, recorrieron en la mañana de este jueves establecimientos educativos secundarios, entrevistándose con directivos de estas instituciones.
El objetivo de estas reuniones habría sido para poner en conocimiento de ellos sobre una medida que se a adoptaría al momento de llevarse a cabo las recepciones de los alumnos terminales de estas escuelas, organizadas por sus respectivas comisiones cooperadoras.
El no consumo de bebidas alcohólicas sería el eje principal de las entrevistas, ya que se pretendería con “medidas” impuestas verbalmente ante los directivos la posibilidad de no permitirse el ingreso de estos líquidos a las fiestas que organizarán los cinco establecimientos educativos secundarios breñenses.
Según datos aportados a este medio de comunicación, desde la fuerza policial a cargo de Clemantovich, serían apostados personal en los lugares destinados a los eventos mencionados con la finalidad de que no se pudiera ingresar ningún tipo de bebidas alcohólicas, al igual que cuando se ingresare a la recepción realizar un exhaustivo contralor de consevadoras y elementos que pudieran servir para trasladar bebidas, y, en caso de hallarse estas, serían secuestradas o bien retirados los portadores para puedan llevarlas del lugar, tal rezara información acercada. Tampoco sería permitida la venta de estos elementos desde quienes están a cargo de la organización de estas fiestas.
La simple noticia tenida presente entre padres, tutores, docentes, integrantes de cooperadoras y alumnos causó asombro, puesto que ya se han organizado desde hace meses para que al llegar sus respectivos días, puedan disfrutar de momentos inolvidables e irrepetibles, donde será tal vez la última vez donde estarán todos juntos como una verdadera familia que han compartido al menos cinco años de vida educativa, social y comunitaria.
Seguramente en las próximas horas se darían a conocer los fundamentos legales con que se encuadrarían las medidas a adoptarse, cuestión esperada por los organizadores y directivos, para así tener que adaptarse a estas acciones judiciales que se tratarían de imponer.