Mumala convoca a la segunda marcha #Ni Una Menos, atentas a que no han tenido la repercusión necesitada

El colectivo de Mujeres de la Matria Latinoamericana – MuMaLa – invita a la ciudadanía a participar de la segunda movilización en contra de la violencia de género. Además desde la organización expresaron su repudio a la inacción y ausencia del Estado.

La segunda marcha exigiendo Ni Una Menos se realizará a las 17 en la Plaza 25 de Mayo. “Nosotras concentraremos, junto a otras organizaciones, en el mástil central de la plaza y marcharemos hasta Casa de Gobierno. Invitamos a toda la ciudadanía a expresar nuevamente su repudio en contra de la violencia de género, que cada vez se cobra más vidas ante la falta de acción de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres”, expresó Nancy Sotelo, referente de MuMaLa.

Haciendo referencia al aumento de casos Sotelo explica que: “Los casos de violencia de género aumentan ante la falta de prevención y asistencia efectiva por parte del Estado. Los femicidios tienen mayor visibilidad ya que hemos avanzado en concientizar que la violencia trasciende el círculo íntimo y es un problema social” explica.

Además Sotelo habló del caso que conmocionó a Sáenz Peña: “Una joven es asesinada enfrente de la propia policía que nada hizo para evitar el crimen. Es terrible la inacción y más terrible es que no se investigue y definan las responsabilidades de los funcionarios. Los últimos casos dan cuenta de las falencias en materia de seguridad.”

Además agrega que “al igual que el caso de la comisaria Adela, quien fue víctima de golpes por parte de su superior, no hay explicaciones. Nada sabemos del agresor, si fue separado de su cargo o no. El propio Estado vulnera la legislación vigente en la materia”, finaliza.

Desde Mumala marcharán exigiendo que se cumplan los puntos del pedido de declaración de emergencia por violencia de género. También reclamarán: más presupuesto para la implementación de la ley 26485, patrocinio gratuito para mujeres víctimas, el cumplimiento de la legislación provincial vigente y que los agentes y funcionarios policiales acusados por violencia de género sean separados de sus cargos e investigados.

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