La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos del exgobernador Jorge Milton Capitanich y de la exministra Marta Elena Soneira en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en el departamento Almirante Brown. El tribunal también ratificó los procesamientos de otros tres imputados, revocó el de un cuarto empresario y descartó la calificación de lavado de activos.
Una decisión por mayoría
La resolución fue firmada por las juezas Rocío Alcalá, Patricia García y María Virginia Ise, y revisó el fallo que el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña había dictado el 16 de julio de 2026. En el caso de Capitanich, la confirmación fue por mayoría: Alcalá y García votaron a favor, mientras que Ise planteó en disidencia que no había elementos suficientes para atribuirle una participación dolosa y propuso dictar la falta de mérito.
Capitanich y Soneira fueron procesados como presuntos coautores de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Los procesamientos no implican prisión preventiva ni constituyen condenas.
Qué se investiga
La causa se inició en mayo de 2024 a partir de una denuncia de la entonces presidenta del Instituto de Colonización. Uno de los puntos centrales son dos fracciones contiguas de 1.250 hectáreas cada una, que suman 2.500, ubicadas en la zona de Pampa del Infierno. Según la resolución, las solicitudes se iniciaron el mismo día y a la misma hora, con expedientes muy similares.
Las tierras fueron adjudicadas por resoluciones administrativas del 26 de febrero de 2023 y luego ratificadas mediante decretos firmados por Capitanich y Soneira.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que las tierras se adjudicaron a unos 50,56 dólares por hectárea, mientras que los valores de mercado de referencia oscilaban entre 3.500 y 5.500 dólares. La Cámara aclaró que esa diferencia, por sí sola, no alcanza para demostrar una manipulación de precios, aunque consideró que hay elementos para sostener, de manera provisoria, un perjuicio patrimonial al Estado provincial.
Lavado de activos y cambio de fuero
El tribunal confirmó la exclusión de la figura de lavado de activos y tuvo por desistido el recurso del Ministerio Público Fiscal. Al quedar descartada esa hipótesis y subsistir delitos vinculados con tierras y funcionarios de la administración provincial, la Cámara ratificó que no hay fundamentos para mantener el expediente en la Justicia Federal.
Por eso, una vez que la resolución quede firme, la causa será remitida al juzgado o fiscalía competente del Poder Judicial del Chaco. En cuanto a uno de los empresarios investigados, la Cámara revocó su procesamiento y dictó la falta de mérito, una decisión que no implica una absolución ni el cierre de la investigación.
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