Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) concluyó que no es posible establecer el origen de los fondos invertidos en la expansión de una cadena de gimnasios de Resistencia, y recomendó profundizar la investigación judicial por posibles delitos tributarios, entre otros.
Qué dice el informe
El documento tiene 35 páginas y fue elaborado por la División Investigación de la Dirección Regional Resistencia, a pedido de la jueza federal Zunilda Niremperger, que lo había ordenado el 6 de agosto. Se remitió a la Fiscalía Federal de Resistencia junto con 17 anexos. El material analizado fue secuestrado en domicilios de Resistencia, Barranqueras, Corrientes, Puerto Tirol y Pampa del Infierno.
Según el organismo, los aportes de capital de los socios no alcanzan para justificar las inversiones, y se detectaron indicios de presuntas operaciones marginales de venta de vehículos. Por eso, Arca entiende que «correspondería profundizar la investigación» sobre posibles delitos tributarios, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita y falsificación de documentos y, sin descartarlo, lavado de activos (artículo 303 del Código Penal).
Los hallazgos contables
- No se encontró documentación relevante sobre obras, desarrolladores, arquitectos ni otras grandes inversiones necesarias para montar los gimnasios.
- En las sociedades analizadas, los montos de los documentos secuestrados son menores a los que constan en las bases de Arca (ventas con tarjeta, libros de IVA, facturación electrónica y declaraciones juradas).
- Se hallaron planillas de cobranzas que no identifican a qué sucursal corresponden, y planillas de horas de trabajo de 14 personas en dos domicilios que no figuran como empleados registrados de las empresas.
Papeles parcialmente quemados
Uno de los anexos corresponde a documentación hallada en un inmueble de Resistencia, recuperada de una parrilla y en parte quemada y mojada, por lo que Arca no pudo leer todos los datos. Un primer grupo reúne 57 contratos de venta de vehículos por 426.255.980 pesos, más otros dos por 14.000 dólares. Un segundo grupo suma 168 contratos por 81.378.336 pesos. En total, los contratos legibles alcanzan los 507.634.316 pesos. Además, tres vehículos tienen dominios que no coinciden con los modelos consignados en los contratos.
El contexto de la causa
Dos semanas antes de este informe, la Cámara Federal revocó las prisiones preventivas de cinco imputados y dictó la falta de mérito, al considerar que el origen ilícito de los fondos no estaba suficientemente probado. Eso dejó pendiente el análisis de la documentación secuestrada, que es el que ahora presenta Arca.
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